La semana pasada hablé sobre el desprecio que tienen los de la 4T por el conocimiento, la ciencia y el desarrollo. Puse como ejemplo a algunos funcionarios que cambiaron su dignidad profesional para convertirse en voceros del régimen de Andrés Manuel López Obrador.
Ahí queda la sepulturera del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla y los que le vendieron la idea al presidente para la creación del INSABI. Luego se vino la pandemia del SARS-CoV-2 que manejaron de la peor manera, tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, como el subsecretario, Hugo López-Gatell. Ya se han interpuesto las denuncias correspondientes y tarde o temprano la justicia los alcanzará.
Pero que quede claro: se debe tratar de justicia y no de venganza, porque el tema se presta para que los políticos adversarios del régimen lleven agua para su molino. Si los funcionarios mencionados tienen alguna responsabilidad por las decisiones que tomaron y en la cual perdieron la vida 800 mil ciudadanos -aunque se estima que sean por lo menos tres veces esa cifra-, que paguen por sus errores de anteponer la salud pública a la política ramplona que emana de Palacio Nacional. Prefirieron seguirle el juego al presidente o simplemente lo engañaron.
El sexenio está entrando en el ocaso, el próximo año se renovará la presidencia de la República y el que llegue, del partido que sea, no tendrá el mismo apoyo con el que llegó López Obrador y sus 30 millones de votos. Así, el nuevo jefe del Ejecutivo difícilmente meterá las manos al fuego por uno de los más polémicos del “obradorato” que se ganó el mote del “Doctor muerte” y que es protegido por López Obrador.
El doctor López-Gatell ya ha sentido el desprecio de la ciudadanía y lo han increpado en lugares públicos, pero deben acostumbrarse, como los del sexenio de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, que no son bien recibidos. Han salido hasta por piernas de restaurantes y si no que le pregunten a Fernández de Cevallos.
Pero la pandemia no es el único mal manejo, está el gran fracaso del INSABI, que buscaba llevar al país a nuevos niveles de calidad en la salud, por lo menos eso dijo el presidente. Desafortunadamente no seremos como Dinamarca ni se ve por dónde puedan poner orden en el tema.
En el peor momento se pasó del Seguro Popular al INSABI, que sólo vivió cuatro años y ahora salen con el cuento de que hay que desaparecerlo. Entonces ¿qué pasó con esos recursos? ¿Se fueron por la alcantarilla? ¿No hay responsables? Cualquiera que sea la respuesta, la responsabilidad no se les puede endosar a los del pasado porque fueron decisiones tomadas por el tabasqueño y su gabinete de salud.
A diciembre de 2018, 53 millones 530 mil 359 personas estaban afiliadas al Seguro Popular, lo cual representaba el 44.7% de la población total del país. En cuanto a la afiliación al INSABI, fue de 34.9 millones de personas, es decir, menor cantidad de pacientes atendidos.
Todo aquel que tiene la desgracia de visitar una clínica o un hospital, sabe de la escasez de medicamentos y que, a pesar de los regaños de López Obrador, no se ha podido resolver por completo. El presidente empeñó su palabra y de nuevo mostró que vale muy poco. Otra de las tonterías de López-Gatell es tratar sin tacto a los padres de los niños con cáncer, que no bajan la guardia y continúan en su lucha. Como me dijo uno de ellos, “siempre hay esperanza”.
Pero el fanfarrón subsecretario los comparó con golpistas en un programa de moneros en el Canal Once, que se usa para dispersar propaganda. Vaya tema para los más humanistas de la historia.
Por lo pronto, hay más de diez casos abiertos contra Hugo López-Gatell. Que se hayan admitido las denuncias y abierto carpetas de investigación, sienta un precedente en un contexto de separación de poderes y hasta de divorcio entre el Ejecutivo y el Judicial.
En entrevista, el abogado Javier Coello Trejo dijo que López-Gatell debe pagar por sus negligencias. “El señor provocó la muerte de más de 700 mil mexicanos. Voy a ir al fondo, pase lo que pase”. De inmediato, los medios de Jesús Ramírez Cuevas y las hordas rabiosas se fueron sobre el abogado. Claro que tiene un pasado ligado al PRI y al PAN, pero cuántas y cuántas veces los que hoy son gobierno denunciaron casos y ahora se rasgan las vestiduras.
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Que quede claro, debe ser un tema de justicia porque no importa la simpatía partidista. Todos conocemos un caso de algún fallecido por Covid-19 y el calvario que fue encontrar lugar en hospitales públicos… pero mejor ahí la dejamos.
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Hasta la próxima.