En las últimas semanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha comenzado a decir que dos años más de su mandato no le alcanzarán para terminar con los rezagos de más de 30 años de neoliberalismo, de tal manera que la Reforma Electoral podría ser uno de los últimos cambios significativos que encabece su gobierno.
Hasta hace apenas unas semanas, la posibilidad de lograr una reforma al INE era escasa debido a la llamada moratoria constitucional, propuesta por la coalición Va por México (conformada por el PAN, PRI y PRD), que los llevaba a poner un freno a toda propuesta del Gobierno Federal, pero tras la aprobación de la ampliación de las funciones del Ejército a una iniciativa del PRI, las puertas se han abierto.
De hecho, al cierre de esta edición, todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión estaban dispuestas a discutir los puntos de una Reforma Electoral, temporalmente olvidando sus diferencias políticas y aprovechando el diferendo entre el presidente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, y la ruptura de toda relación con Marko Cortés, su homólogo del PAN, que terminó con Va por México.
Más allá de la disputa política, una encuesta publicada en mayo por El Financiero encontró que 66 % de los encuestados ven necesaria una reforma al INE y algunos de los puntos de la propuesta de López Obrador, como la reducción del número de senadores y de diputados, tiene más del 80 % de respaldo, mientras que la propuesta de que el electorado elija por medio del sufragio a las autoridades tiene el apoyo del 71 %.
Según el mismo sondeo, la propuesta de terminar con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en cada una de las 32 entidades federativas es un tema más polémico, porque 49 % lo aprueba y 31 % lo desaprueba. De acuerdo con datos dados a conocer por el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, los Oples se llevan 13 mil 261 millones de pesos anuales, aun en años sin elecciones.
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La mayoría morenista defenderá la propuesta de Obrador, pero una de las propuestas de Acción Nacional es implementar la segunda vuelta en las elecciones; aunque manifestó un rechazo de 58 % de los encuestados, será una de las ideas de otras fuerzas políticas que el partido en el poder tendrá que considerar si quiere avanzar en la aprobación de la Reforma.
La reforma requiere de una mayoría calificada (dos terceras partes de los diputados presentes al momento de la votación), por lo que Morena tendrá que negociar y acaso ceder en algunos puntos, tal como ocurrió en la iniciativa sobre la ampliación de funciones de la Guardia Nacional, la cual al final se trató de una iniciativa priista, luego de que se aflojaran los controles que la tenían detenida.
El dictamen se llevará a cabo con la comisión de puntos constitucionales. Se espera que en esta semana se evalúe en comisiones, pero al momento, incluso el PAN está abierto a discutir ciertos aspectos de su interés. De ahí se tendría hasta el verano de 2023 para que pase por Cámaras y al menos 17 congresos locales para ser oficial. Tiene que lograrse por ley antes de que inicie la campaña presidencial de 2024.
Si se reactiva Va Por México, como fue sugerido la semana pasada, el PRI y el PAN podrían parar otra vez la Reforma y la única carta que le quedaría a Morena sería conseguir la mayoría de los 4 consejeros que dejarán sus cargos en abril de 2023. Es la razón por la que el PRI y el PAN están en mesa de negociación y Morena considera ceder y negociar con tal de que se logre la mayoría calificada.
Entre alianzas y traiciones
El lunes 17 de octubre, el PRI comenzó a presentar su baraja de candidatos presidenciales y allí, ‘Alito’ Moreno advirtió que no apoyarían una reforma que debilite al INE; sin embargo, a pesar del señalamiento, el grupo parlamentario de Morena confía en lograr la mayoría calificada. La reforma electoral ha constituido una forma de dividir al Revolucionario Institucional desde adentro.
El PAN ha advertido que el futuro de una coalición con candidato único en el Estado de México depende de que no apoyen la Reforma Electoral de Palacio Nacional. El hecho deja ver que hay un panorama distinto en las entidades federativas que en la Cámara. También, la exgobernadora de Yucatán, la priista Dulce María Sauri, advirtió que su partido no debe aceptar la reforma bajo ningún término.
Pero la realidad tras bambalinas es que ‘Alito’ enfrenta un posible juicio de desafuero que depende de la mayoría morenista y la opinión de Sauri Riancho no tiene peso en la conformación actual de ese instituto. Morena también parece seguir presionando por medio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien ha reactivado la exhibición de sus evidencias de corrupción contra Moreno.
El de Moreno también es un visible discurso político, aun instando a la rearticulación de Va por México, pero dejando que su representación en el Congreso de la Unión negocie con Morena los diversos puntos de la Reforma, de la misma forma en que la coalición se fracturó en el momento en que el PRI apoyó la propuesta de ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.
En la Electoral, se espera una maniobra similar, ya que en la Militar el senado rebozaba de opositores a dicha modificación. Al final, Morena logró que 9 de 13 de los senadores priistas votaran a favor de la iniciativa presidencial, siguiendo la dinámica de que uno es el discurso político y otro su pragmatismo, empujado por la desarticulación del Revolucionario Institucional emprendida por Morena.
El discurso oficial del PRI acusa al partido en el poder de “pulverizar” las instituciones que ellos construyeron como “baluartes de la democracia”, según ‘Alito’ Moreno. La realidad es que se trata de supervivencia política y la división que fomenta AMLO desde su conferencia entre priistas de ala neoliberal y nacionalistas viene muy a cuenta con la Electoral.
Mientras la propaganda opositora de que la Reforma busca debilitar o desaparecer al INE se resquebraja cada vez más, los defectos de ese instituto y lo costoso que le ha salido no sólo al erario, sino a la democracia, son cada vez más evidentes. Una parte importante del legado de López Obrador sería consolidar instituciones electorales que en verdad no estén al servicio de grupos de interés.
El despilfarro que no quieren ver
Por toda la defensa que elaboran los opositores a una renovación fundamental del INE, y su discurso cada vez más absurdo de que la Reforma Electoral de AMLO busca “desaparecer” al instituto, tan sólo un dato podría ejemplificar la desproporción de los argumentos de la oposición y la necesidad imperativa y rápida de un cambio: el INE recibe 120 millones de pesos para “cartas y telegramas”.
Ese no es el colmo, en la minuta de recursos solicitados y defendidos con denuedo por el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, y su segundo, Ciro Murayama, el PRD, partido que lucha por mantener su registro y que representa el 3 % de la votación, bajo el actual esquema tiene recursos preasignados de 424 millones de pesos. No extraña porqué las fuerzas políticas no quieren que eso se acabe.
Pero ahí no termina el asunto. Se detectó una aportación de 500 millones de pesos para el fideicomiso del fondo para el retiro de la burocracia dorada del INE, sin contar los 323 millones de pesos detectados como daño patrimonial por la contratación de personal, por la Contraloría interna. Ante tales escándalos, el PRI ha declarado que estaría dispuesto a ceder un 15 o 20 % del financiamiento a partidos.
El diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, calcula que, si se lograra reducir hasta un 30 % el financiamiento a partidos, equivaldría a mil millones de pesos. De hacerse realidad que Morena cuente con la mayoría calificada para avanzar la Reforma Electoral, al final será después de ceder y no será lo que el presidente ha propuesto, pero ante el estado de corrupción del INE, cualquier avance es ganancia.
Reducir la burocracia electoral Algo en lo que sí están de acuerdo los diputados de casi todas las facciones es en limitar el poder del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos fallos a menudo entran en conflicto con la autonomía del Poder Legislativo y el Ejecutivo. La discusión de la Reforma Electoral ha contemplado también que sean sólo 7 y no 11 los consejeros electorales del INE. Aunque se planea eliminar los 32 OPLE, la propuesta es reasignar cierto presupuesto, ya que esas funciones serían cumplidas por el INEC. Pero Lorenzo Córdova y su grupo están dejando en puestos claves a gente de su confianza, sobre todo en las áreas directivas del servicio profesional. Es por ello que el éxito de cualquier reforma tiene que implicar sanear poco a poco al INE de esas influencias. La intención de la Reforma propuesta por Obrador es que los tres poderes postulen las candidaturas tanto de futuros consejeros y magistrados del tribunal y que sea el voto popular quienes los elijan o rechacen, lo cual desmonta la falacia, diseminada por los opositores al actual gobierno, de que lo que busca el presidente es que el Estado organice las elecciones, terminando con esa función del INE. Bajo el nuevo esquema, el Legislativo nominaría a 20 posibles consejeros y 10 posibles ministros; el Judicial, también 20 y 10; el voto de la ciudadanía sería fundamental para la elección.
LA REFORMA DE AMLO
- Sustitución del INE por el INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas), con siete integrantes seleccionados de 60 candidatos.
- Eliminación de los diputados plurinominales (elegidos por representación proporcional, sin voto directo)
- Eliminación de los 32 OPLE’s
- Reducir de 500 a 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados.
- Reducir de 128 a 96 senadores en la respectiva Cámara.
- Cambios a los congresos locales: un mínimo de 14 y máximo de 45 integrantes. También se limitaría el número de Regidores de ayuntamientos.
EL DATO
Para diversos analistas, la Reforma Electoral debe considerar remover de su cargo al Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, quien está en su cargo desde 2008 y fue reelecto para otros seis años en 2020. Molina es quizá el elemento que más mantiene la actual fisonomía del instituto.
LAS CIFRAS
9 meses
quedan a Morena para lograr aprobar la Reforma Electoral, tiene que ser antes de los comicios de junio de 2024.
24 mil
millones de pesos, los que se ahorrarían anualmente con la Reforma Electoral de AMLO.
18 artículos
constitucionales, los que busca modificar la iniciativa propuesta por Obrador.
700 millones
de pesos, los que solicita el INE como presupuesto tan sólo para rentas de algunas de sus instalaciones.