La misma intención, una diferente envoltura. Pretextando “derechos individuales y presunción de inocencia”, la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, que será votada en la Corte el 22 de noviembre próximo, concluye que los delitos fiscales no constituyen un atentado grave contra la seguridad de la Nación y por esa razón, no hay porqué fincarles responsabilidades a los defraudadores fiscales.
En agosto pasado, el mismo ministro Aguilar anunció su proyecto de “inaplicar” el artículo 19 de la Constitución, para invalidar la prisión preventiva oficiosa, mismo que fue rechazado el 5 de septiembre por cuatro de 11 ministros de la corte. La proposición requiere mayoría calificada de 8 votos para que el pleno la apruebe, ante el cuestionamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En esa ocasión, los ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá señalaron que la SCJN no cuenta con facultades para omitir o reformar la Constitución, lo cual es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. El ministro retiró su proyecto; sin embargo, meses después regresó con una propuesta que, según él, toma más en cuenta la Constitución.
Ahora propone que los jueces no apliquen de forma automática dicha medida cautelar, sino que la sometan a debate entre ellos y sólo ellos decidan en qué casos sí se debe aplicar. También plantea eliminar de la lista de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los delitos fiscales por más de 8.7 millones de pesos, pese a que el Artículo 19 de la Constitución no los menciona.
¿Corte, al servicio de élites?
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia está conformada por una mayoría conservadora, que puede apoyar iniciativas que se dirigen a proteger al estatus quo, anexando cuidadosamente a su jurisprudencia sólo los proyectos que a esas élites económicas y políticas favorecen y a las cuales les deben el cargo.
Es de entenderse que una Suprema con elementos de ala más liberal, tendrían más propensión a proteger el bien común y los derechos de las personas, sobre lo que es sólo la estricta práctica de la ley. Pero una mayor composición de jueces conservadores del mayor órgano legislativo, tienden a favorecer fallos que, escudándose en las supuestas garantías individuales, benefician a las élites.
Se le llama “paradoja de cuello blanco” cuando un órgano más conservador favorece y da ventaja a criminales de delitos financieros por su pertenencia a una elite. El proyecto de 226 páginas incluso juzga que delitos como contrabando y defraudación fiscal “no constituyen un atentado grave contra la seguridad de la nación”, así como los delitos implicados a los llamados factureros.
En ese caso, ni la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados “son constitucionalmente parte del catálogo de delitos de la delincuencia organizada” y por tanto no deben entrar en el catálogo de ilícitos que ameritan presión preventiva oficiosa, dice el nuevo proyecto de Aguilar.
Con ello, Aguilar vuelve por sus fueros, con una tesis muy similar a la que fue rechazada en septiembre, y que luego se vio obligado a reformular, tras la sugerencia de otros ministros. Ese proyecto fue polémico pues implicaba, según el Gobierno Federal, que el poder Judicial se tomaba atribuciones como modificar la Constitución, lo cual sólo lo puede hacer el Legislativo.
El proyecto de Aguilar incluso llega a considerar que “la sanción individual de conductas lesivas de mínimo impacto, representa un despliegue arbitrario del poder estatal”. Una forma de soslayar el, por otro lado, notable daño lesivo que hacen los delitos fiscales al erario y cómo eso repercute a la larga en un mayor deterioro de las capacidades del Estado para invertir en sus ciudadanos.
Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tan sólo de 2017 a 2019 las factureras causaron un daño de 339 mil millones de pesos. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la dependencia pidió que se tomaran las medidas cautelares contra 977 contribuyentes a los que se detectó en el uso de facturas falsas. Si se aprueba el proyecto, esos ilícitos no tendrán consecuencias.
Hasta en la fraseología empleada, es obvio que el proyecto del ministro busca amparar a esos defraudadores fiscales, pues son contribuyentes que emitieron comprobantes que amparan “operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados”. Un despropósito, pues en el cálculo de Obrador, lo defraudado por esos criminales de cuello blanco equivale dos veces al presupuesto anual de varios estados.
Combatir a factureras
Uno de los primeros encargos que dio AMLO a la primera jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, es llevar a cabo un operativo contra factureras, apoyado en el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
Obrador ha dicho que uno de los grandes logros en lo que va de su administración es que ya se consideran delitos graves los ilícitos de cuello blanco. En 2019 se logró endurecer la ley, cuando se aprobó una reforma fiscal penal contra las factureras, pasando a ser un delito de delincuencia organizada, en el caso de que las facturas sumen un total de 8.7 millones de pesos.
El resultado es que los culpables del delito serán acreedores a prisión preventiva oficiosa, con penas que variarán de dos a nueve años de prisión, que, en opinión de algunos analistas, sigue siendo poco para el enorme daño que hace la defraudación fiscal anualmente al erario. Todos esos progresos en la fiscalización de los recursos del Estado son los que son considerados “lesivos” por el proyecto que se votará.
AMLO, furioso con el proyecto Ante la nueva embestida, el presidente López Obrador reaccionó como pocas veces. “La corte otra vez. ¿Cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco? ¿Qué no tienen otras cosas que hacer? ¿Qué no hace falta que haya justicia para el pobre? ¿Por qué sólo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos?”, reclamó el mandatario el 27 de octubre. “Nos costó muchísimo el que se tipificara como delito este tipo de defraudación fiscal, era vergonzoso lo que sucedía, y hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal: despachos fiscales, con facturas falsas haciendo transacciones millonarias”, recalcó. De hecho, ha trascendido en reportajes periodísticos, que hasta hay políticos implicados en esos esquemas. “¿Eso es lo que quieren ahora que aceptemos? Y lo envuelven en lenguaje leguleyo de decir no a la detención preventiva. ¿Saben qué es eso? De que se le deja todo al juez y el juez decide al final. No hay ningún proceso de investigación”, tronó Obrador contra el reconstruido proyecto del ministro Luis María Aguilar. En su opinión es como favorecer a la delincuencia organizada. “El proyecto quiere que ellos puedan estar en los procesos penales sin estar en prisión, con ventajas y comodidades procesales, cuando son delitos de cuello blanco los que causan enormes daños al fisco”, reforzó el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, luego de presentar casos en que jueces dejaron en libertad a probados integrantes del crimen organizado.
Anaya y Creel, investigados
El excandidato presidencial, el panista Ricardo Anaya, y el exsecretario de Gobernación y hoy diputado del PAN, Santiago Creel Miranda, son investigados, junto con el hijo de este, por ser parte de una red financiera de empresas que ya han sido acusadas por emitir facturas, defraudar al fisco y participar en actividades de lavado de dinero, producto del narcotráfico y otros ilícitos.
Según expedientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Fiscalía General de la República (FGR), ya están localizadas 36 empresas que hacen uso de seis despachos de abogados, por medio de los cuales se triangulan millones de pesos que, según investigaciones abiertas del SAT y la UIF, provienen de actividades ilícitas, en la sede del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los despachos involucrados son: Creel, García y Asociados; Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes; Suma de Capacidades; Creel, Rodríguez y Abogados; Aguilar, Sierra y Asociados y GPL Abogados, los cuales, según las indagatorias, han recibido recursos que, ha sido probado, provienen de operaciones simuladas para lavar dinero y así evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales.
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Según una investigación de Nancy Flores de Contralínea, Creel es el socio mayoritario de Suma Capacidades y obtiene su mayor ingreso por ese medio. De acuerdo con la información de la UIF, otros políticos panistas también reciben ingresos por medio de ese esquema. El 31 de octubre, López Obrador anunció que Pablo Gómez, titular de la UIF, informará al respecto en las siguientes semanas.
LAS CIFRAS
500 millones
de pesos extra al erario tan sólo en 2020, producto de la reforma contra factureras.
8.7 millones
de pesos, los que debe defraudar un contribuyente para que se considere delito grave. Aún esto lo quiere invalidar el proyecto de Aguilar.