El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha respondido a su manera a la política del actual gobierno mexicano de “abrazos no balazos”.
Han secuestrando a varios elementos de la fuerza policial de élite en Guanajuato, torturándolos para obtener los nombres y direcciones de colegas, y ahora está cazando y matando a policías en sus casas, cuando están en sus días libres, frente a sus familias.
Es un tipo de ataque directo a policías y esto representa un gran desafío para la política de Andrés Manuel López Obrador de evitar la violencia y rechazar cualquier guerra contra los cárteles.
Pero dicho cártel le ha declarado la guerra al gobierno con el objetivo de erradicar al Grupo Táctico, porque según el grupo criminal, trata injustamente a sus miembros.
“Quieren guerra, guerra van a tener, y ya les demostramos que ya los tenemos ubicados. Vamos por todos ustedes”, dice una manta firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación que apareció colgada en un edificio en Guanajuato.
“Por cada miembro de nuestra empresa (CJNG) que remitan, se va a matar a dos tácticos de ustedes, en donde estén, en su casa, en patrullas o servicios fijos”, dice una pancarta del cártel.
Funcionarios de Guanajuato, donde el CJNG lucha contra pandillas locales respaldadas por el cártel de Sinaloa, se negaron a comentar sobre cuántos miembros del grupo de élite han sido asesinados hasta ahora.
Pero para el analista de seguridad David Saucedo dice que ha habido muchos casos. “Muchos otros (oficiales) decidieron desertar. Se llevaron a sus familias, abandonaron sus domicilios y están escondidos y huyendo”. Agregó que el “CJNG está cazando a los policías de élite de Guanajuato”.
Guanajuato ha tenido la mayor cantidad de policías asesinados en el país desde el 2018. Entre 2018 y el 12 de mayo, un total de 262 policías han sido asesinados, o unos 75 cada año.
El problema en Guanajuato se ha agravado tanto que el gobierno estatal publicó un decreto especial el 17 de mayo para proporcionar una cantidad no especificada de financiamiento para los mecanismos de protección de la policía y los funcionarios de prisiones.
Los funcionarios estatales se negaron a describir las medidas de protección, o a comentar si se iba a pagar a los agentes por el alquiler de nuevas viviendas, o si había planes para construir complejos especiales de viviendas seguras para ellos y sus familias.
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“Esta es una guerra abierta contra las fuerzas de seguridad del gobierno del estado”, señaló Saucedo.
Con información de AP