Un poder puede echar para atrás todo lo que otro ha avanzado. Esa parece ser una de las preocupaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en las pasadas semanas ha mencionado la necesidad de una actuación del Poder Judicial de la Federación más en favor “del pueblo”. Esto, contra las ideas de los mismos magistrados, que son en teoría un poder autónomo.
Pero independientemente de las sugerencias del titular del Poder Ejecutivo, el Judicial abomina precisamente desde sus postulados de origen que las decisiones las tome ese ente indefinible que es “el pueblo”. De hecho, según Michael Topper, en El poder judicial y la democracia, “no existe ningún sistema en el mundo en que los procesos jurisdiccionales sean resueltos por el pueblo”.
Es la teoría del silogismo de Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, de que los jueces son “sólo seres inanimados y anónimos que pronuncian las palabras de la ley” y, por tanto, no tienen porqué responder al pueblo, sino a la ley. “El juez toma decisiones que, sin duda, son discrecionales, pero son, al menos, compatibles con las leyes adoptadas de forma democrática”, señala Topper.
¿Pero qué ocurre si esa misma ley adoptada de forma “democrática” está creada no para beneficio de la colectividad, sino para el de ciertos grupos? Esa es la complejidad del sistema mexicano, que en muchas ocasiones actúa con todo el rigor y minuciosidad en la exigencia de sus procedimientos y no teme por ello dejar libre a delincuentes, si una averiguación no se hizo correctamente. “Es la ley”.
En muchas ocasiones, la presente administración se ha quejado del controversial actuar de jueces, que siguen sus tiempos y sus propias fórmulas, sin tener en cuenta el tacto de lo social. Como en el caso de que, desde hace años, la 4T busca liberar a personas que llevan años en la cárcel sin una sentencia. O la visible inacción del Consejo de la Judicatura en sancionar a jueces corruptos.
O el hecho de que hay organismos creados para proteger intereses de privados sobre los de la nación, que han evitado el proyecto de llevar internet a los rincones más lejanos de México. Leyes que sólo permitieron que se lleve el cableado a lugares que no le interese cubrir a la iniciativa privada. Sin mencionar el poder de legislaciones como la Ley Televisa, que da inusitadas facultades a las televisoras.
Según el mismo El espíritu de las Leyes, las leyes se aplican lo mismo en un régimen despótico o uno democrático. “La ley es la ley”. Y ese es el argumento principal del Judicial para detener un proyecto de infraestructura nacional, ante el derecho legal al amparo de un particular. “Crearon hasta sus tribunales, nacionales e internacionales”, ha acusado López Obrador en una de sus conferencias.
Autonomía garantizada
Desde su llegada al poder en 2018, el gobierno de López Obrador, en sus propios términos, marca el momento en que “el Ejecutivo ya no es el poder de poderes”, pero esa misma idea en el plano idealista utilizado por el mandatario, hace que los opositores a su gobierno abracen al Judicial como el único ariete que queda para crear “contrapesos” y detener reformas constitucionales que afecten sus intereses.
De hecho, Ernesto Zedillo al llegar al poder en 1994, redujo y disminuyó de 26 a 11 el número de ministros, algo que Obrador no podría realizar sin abonar a la teoría de sus opositores de que el suyo es un gobierno autoritario, que suprime la función del resto de los poderes de la Unión. Peor aún. Un necesario reemplazo de todo el tribunal apoyaría la tesis de que los quiere a modo para así perpetuarse en el poder.
Ante la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y de Senadores, el Poder Judicial es el último reducto de la oposición y se puede sostener que ocho de los 11 magistrados actuales son de marcada ala derecha. Lo primero que hizo la Suprema Corte fue ampararse para no bajarse el sueldo al inicio de la presente administración, aun cuando nadie debe ganar más que el presidente.
De ahí han mantenido luchas intestinas contra el titular de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, un favorito de López Obrador para contribuir a la reforma gradual desde dentro de la institución, aunque sus opositores, bien podrían decir también, para controlarla. Zaldívar, sin embargo, poco o nada ha hecho para proponer reformas y las críticas de AMLO cada día recrudecen hacia su inacción.
Si bien no es deseable que el Ejecutivo moldee al resto de los poderes a su antojo (el argumento de Obrador es que eso ocurría en los “gobiernos neoliberales”), la teoría bien fundamentada de que el régimen neoliberal tuvo más de 30 años para crear un andamiaje y un sistema para protegerse y que incluso creó leyes para perpetuarse, tiene una gran relevancia y parece innegable.
Los Poderes Judiciales de las entidades federativas suelen ser el primer campo a asegurar de los gobernadores apenas son electos, lo cual, en aras de una autonomía engañosa, deja intocado a un poder que lleva décadas considerado en encuestas de opinión ciudadana como uno de los más corruptos y en necesidad de una reforma urgente que los haga más transparentes y operativos.
La guerra judicial
El lawfare, o guerra judicial, es la forma en que las elites a favor del modelo neoliberal buscan reducir los movimientos progresistas en América Latina. En estos momentos, países como Perú, Colombia, Chile y Argentina enfrentan serias embestidas de los poderes judiciales locales en lo que varios activistas han denominado un moderno Plan Cóndor, en alusión al de los años setenta.
¿Un Plan Cóndor legal? ¿Qué consecuencias puede traer esto, en vista que es precisamente el poder judicial el que sirvió para encarcelar a Lula y para acabar con “la amenaza” de Dilma Rousseff en Brasil? ¿La forma en que las elites peruanas desahucian el régimen de Pedro Castillo, en que tratan de acotar y atar los mandatos de Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile?
En México, aunque Obrador no ha propuesto una reforma formal al Poder Judicial, (desde el primer día ha dicho que, al ser un poder autónomo, cualquier iniciativa de cambio debe provenir de ellos mismos), él y su bancada intentaron extender el periodo del ministro Zaldívar -que concluye el 31 de diciembre de 2022- hasta 2024, por medio de un movimiento de su mayoría cameral.
Pero los opositores se retractaron de su propio voto a la extensión de Zaldívar, y este negó que buscara la prórroga, a menos que sus compañeros magistrados eligieran su continuidad. Quizá presionados por la coalición de partidos opositores, o por su propia mayoría interna opuesta a Obrador, los ministros elegirán otro presidente, poniendo incluso más a favor de la derecha al poder judicial.
Desde el inicio de su periodo, Obrador ha enfrentado los amparos concedidos por el juez titular del juzgado de competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro. En marzo suspendió de forma definitiva la Reforma Eléctrica y el mandatario ha hablado de la estrategia legal de sus opositores, lo que lo ha llevado a declarar sus obras de infraestructura como prioritarias para la nación.
Pero esa guerra legal lo ha frenado ya bastantes meses, incluyendo el caso del Tramo 5 del Tren Maya, al que varios jueces han declarado en suspensión definitiva en un par de ocasiones. Por su configuración, es como guerra de guerrillas, porque los otros poderes tienen un origen, pero el poder judicial tiene muchos tribunales y cualquiera de ellos puede frenar la ejecución de un proyecto.
Prisión preventiva o no
El caso más reciente es el tema de la prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar (ver Recuadro) que el 5 de septiembre la Suprema Corte decidirá si suprime o no, y que ha causado un visible malestar en el presidente, quien ya llevó a la agenda nacional el tema de si el Poder Judicial debería democratizarse más o, en su defecto, recibir una reforma exhaustiva desde sus cimientos.
El caso emblemático lo ha mencionado Obrador en su conferencia varias veces, en el que el presunto delincuente «La Vaca” fue capturado en Colima, ante el anuncio mediático de la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno. Días después fue puesto en libertad por un juez. Sólo debido a que tenía otras órdenes de aprehensión, no pudo quedar en libertad.
De acuerdo con el experto en Derecho Académico del ITAM, Luis Enrique Pereda, la controversia tiene que ver con acuerdos internacionales suscritos por México en que se asegura que se debe respetar la presunción de inocencia y el hecho de que el acusado esté en la cárcel ya implica una contradicción. Es en esencia un debate entre dos posturas: una que protege los derechos humanos y otra al Estado.
En carrera contra reloj, el mandatario anunció que integra expedientes para buscar la sanción de un gran número de jueces, a los que el Consejo de la Judicatura no ha sancionado en ninguna forma. “Cómo dejarles a los jueces todo ese poder (al poder Judicial), violando lo que establece la Constitución”, dijo Obrador en su conferencia del 31 de agosto.
La Revolución que no empezó
El caso Cassez–Vallarta, con sus giros inverosímiles, es la muestra por excelencia de la putrefacción del Poder Judicial, pues tras casi 16 años de estar preso, a Israel Vallarta no se le ha leído sentencia, ni se le ha dejado en libertad. Algo que sería un escándalo en otros países, pero que en México no pasa a mayores, amparado en un Poder Judicial lento, corrupto y al servicio del mejor postor.
De hecho, la reforma al Poder Judicial es la auténtica revolución que Obrador no ha querido iniciar. Porque se estima que los mecanismos que sostienen la injerencia de Estados Unidos en todo el continente, se han cimentado en torno a legislaciones que existen para proteger sus intereses y no los de los gobiernos locales, algo que parece difícil de refutar. Interés de lo particular, antes que el de lo nacional.
Desatar esos complicados nudos es una labor que López Obrador no quiso iniciar. Para muestra basta el caso de la Reforma Eléctrica, que de inmediato ha originado la solicitud de revisión de Estados Unidos y Canadá según el T-MEC, a pesar de que el mismo tratado posibilita a México a decidir sobre su política energética. En teoría, son asuntos para otro presidente emanado de la 4T.
“Es la ley”, aseguran los partidarios de la tesis judicial y se toma como si hubiera un fundamentalismo de la misma. Pero la Carta Magna ha sido modificada cientos de veces por parte de los regímenes anteriores al actual, justo para crear una estructura que protege por sobre todas las cosas el privilegio de lo privado (aun cuando esto una vez fue colectivo), sobre lo público.
Así, el reclamo de que el Poder Judicial tenga más en cuenta en sus largos procesos, a menudo oscuros, burocráticos y empañados de corrupción, “el sentir del pueblo”, es un paso que no ha dado y no dará Obrador, que claramente eligió cuidadosamente sus batallas y reformar al Judicial, aunque debería de ser una de las más apremiantes, se convirtió en prácticamente tabú en su administración.
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
ARGUMENTO AMLO:
1.-Permite detener a los delincuentes en apego al párrafo dos del artículo 19 de la Constitución.
2.-Al estar en la Constitución su ejecución, no puede ser inconstitucional.
3.-Es una forma de evitar que el Judicial se convierta en el “poder de poderes”.
PROYECTO SUPREMA CORTE:
1.-Es incompatible con el parámetro de control constitucional.
2.-Elevado aumento de personas en prisión sin sentencia.
3.-Impactos que produce en las personas en pobreza.
LAS CIFRAS:
2
Años, lo máximo que puede durar la prisión preventiva oficiosa. Si no hay sentencia al cabo de ese tiempo, el acusado debe ser liberado.
17
Años los que pasó en prisión preventiva Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, lo cual originó una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México para abolir dicha medida.
19
modificaciones importantes son las que se realizaron a la Constitución en el llamado “periodo neoliberal”, desde 1989 y hasta 2018.