De noviembre de 2019 a igual mes de 2020, hubo 13 mil 662 personas más privadas de la libertad en el fuero federal. Esto aumentó la población en cárceles a 215,232 internos a nivel nacional, la cifra más alta de la que se tiene registro.
La Ley de Amnistía se aprobó en abril de 2020, en el contexto de la pandemia en México con el argumento de liberar espacios en las prisiones y así evitar riesgos de contagios, pero esto no ocurrió y, por el contrario, aumentó el número de personas privadas de la libertad.
De acuerdo con el Observatorio de Amnistías, conformado por ocho organizaciones civiles, dichas cifras ponen en duda el reporte que presentado por el gobierno federal el 4 de febrero, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob, en el que se indica que de abril de 2020 a enero de 2021 se otorgó la liberación anticipada a 3 mil 322 personas que se encontraban en 273 centros penitenciarios del país.
en 10 meses, la Unidad ha recibido solo 1,115 solicitudes de amnistía en todo el país, de las cuales 175 son improcedentes
En el reporte también se menciona que, en 10 meses, la Unidad ha recibido solo 1,115 solicitudes de amnistía en todo el país, de las cuales 175 son improcedentes por las características de los delitos y 769 no cuentan con la información completa sobre los casos para dictaminar y no se explica cuál es el estatus de las 171 solicitudes restantes.
En el Observatorio aseguran que conocen más de 700 solicitudes que han sido presentadas desde que la ley fue aprobada, pero no se les ha dado respuesta.
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“En este año de pandemia era cuando más beneficios de preliberación se tenían que dar, y si vemos los números, en realidad (las liberaciones anticipadas) no aumentaron significativamente; de hecho, en los meses de la pandemia esto no ocurrió”, dice en entrevista al grupo Expansión Sofía González Talamantes, coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, organización que forma parte del Observatorio.
La activista explica que apenas el 13% del total de personas que están privadas de la libertad podrían obtener el beneficio de la amnistía, lo que corresponde, en promedio a 28,380 personas en el fuero federal.
La medida cautelar de la prisión preventiva es clave en el aumento de la población penitenciaria en el último año. De acuerdo con Sofía González, hasta octubre de 2020 el 42% de las personas privadas de la libertad estaban en espera de una sentencia.
“Es muchísimo, porque estamos hablando de 90,000 personas que se encuentran sin ninguna sentencia. Y las personas que están en prisión preventiva son todavía más vulnerables, pues no pueden acceder a ciertos beneficios que están establecidos en la Ley de Amnistía”, señala en un trabajo divulgado en Expansión.
Una de las condiciones de la legislación es haber recibido sentencia y que sea la primera.