Dicen que no hay fecha que no se cumpla y ya se acerca el 10 de abril en la que conmemoramos la muerte de Emiliano Zapata y tenemos la oportunidad de ratificar o rectificar el mando del Poder Ejecutivo a través del proceso de revocación de mandato.
Hay quienes dicen que, de entrada, esta convocatoria no es válida ya que en la elección de 2018 votamos para que el presidente de la República tuviera esa responsabilidad por seis años, pero la ley se hizo a modo para que AMLO demostrara a más de la mitad del camino el músculo de su popularidad.
El espíritu de esta convocatoria es darle oportunidad a los ciudadanos de revocar a quien dirige la nación, si es que el ejercicio de su gobierno no nos convence, cuestionando de esta manera el modelo electoral representativo y practicar la elección directa, en algo tan vital para la democracia, como lo es que quien lleva el mayor cargo en la conducción del país tenga una aprobación mayoritaria.
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Para que se realice el proceso de revocación de mandato, se necesita, por mandato de la misma ley, que al menos lo solicite el tres por ciento de los electores inscritos en el padrón electoral a nivel nacional.
La lógica política dicta que quienes promueven la revocación del mandato son quienes están a favor de removerlo, pero no fue así. Quienes se movilizaron fueron los miembros de Morena y hasta pagaron para conseguir este porcentaje en firmas, con el pretexto de que así se establece el antecedente de una democracia directa, para que los ciudadanos puedan revocar al presidente de la República si a los tres años no cumple con sus promesas o con las expectativas de la mayoría.
Para que la votación del proceso de revocación del mandato sea vinculante se requiere que haya votado al menos el 40 por ciento de los electores registrados en el padrón nacional.
Hasta ahora los antecedentes que la ley ha dejado es un conflicto con el Instituto Nacional Electoral por el presupuesto. El INE afirmó que para cumplir con la ley se requerían algo así como tres mil 800 millones de pesos y la respuesta fue que lo hicieran rebajando sus gastos.
En conclusión, la elección será con menos casillas que las elecciones de 2021 para elegir diputados, con otro papel más barato y una serie de medidas que rebajarán al gasto a mil 567 millones de pesos, que de todos modos duelen porque son innecesarios.
Cabe mencionar que la consulta para enjuiciar a los expresidentes en que votaron algo más de siete millones de electores en un padrón de 93 millones, tuvo un costo de 528 millones de pesos y prácticamente término exonerando a los ex presidentes de la República al no ser vinculatorio.
No hay un debate institucional para que con elementos de juicio votemos a favor de la continuidad o no del presidente. Podemos pensar que la abstención es a favor de la continuidad porque si no se llega al 40% continúa el presidente.
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Las preguntas que están el aire son: deseamos que se quede o se vaya AMLO, o lo que deseamos es que escoja otro gabinete; o, por otro lado, si lo que deseamos es otro presidente, pero estamos a favor del modelo económico con un relevo de protagonistas políticos.
En realidad, sólo le quedan dos años de gestión para que esto se resuelva en una elección normal. No es que uno esté en contra de la consulta con resolución directa, es sólo que las leyes deben modificarse. Si en la última elección el partido del presidente tuvo mayoría de votos es porque lo están ratificando.
La ley debería acudir a este tipo de elección cuando en una elección intermedia su partido no tenga la mayoría en el congreso, o cuando se requiere de una modificación constitucional y no se logran las dos terceras partes de los votos como lo exige la ley.
Si hay una mayoría absoluta a favor del cambio en el Poder Legislativo, entonces sí que la decisión quede en los ciudadanos a través de una elección directa, porque los legisladores que se oponen a las reformas pueden detener este proceso con la abstención o la votación de tan solo un 34%.
Lo que necesitamos es un parlamento menos presidencialista y más parlamentario en donde no todo quede en si queremos o no a una persona, y revisemos políticas públicas y equipo de gobierno conjuntamente.
