Un nuevo asesinato enluta al gremio periodístico. Con este, suman nueve compañeros que han perdido la vida a manos de la delincuencia en el país más peligroso para ejercer la profesión de periodista.
Claro que la narrativa de López Obrador y de su 4T gritan que no habrá impunidad, condenan con las mismas frases que lo hicieran Felipe Calderón y Peña Nieto, dicen que el Estado no asesina, que no desaparece a nadie, que no reprime, no persigue. Por incompetencia también se peca y se es cómplice en la administración de los más humanistas.
En tiempos de la 4T no hay la resolución de un caso emblemático que genere la esperanza de que las cosas ya cambiaron. Sólo palabras huecas que no alcanzan para cerrarle la boca a los eurodiputados “conservadores” por llamar la atención de la violencia que impera para todos en México.
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Se les llama borregos, que ya no somos tierra de conquista, y podemos comprar la idea. A nadie le gusta que extraños señalen fallas en nuestra casa, pero no hay un argumento que indique que se hizo justicia. Para ello no basta la palabra del presidente.
Los gobernadores tienen una gran responsabilidad en la generación de las condiciones para que los ciudadanos tengamos seguridad y en ello va la de los comunicadores. No somos más, aunque tampoco menos que cualquier ciudadano.
Pero lo que tenemos son repetidores burdos de lo que ven en Palacio Nacional. Ahí están personajes como Miguel Barbosa Huerta, Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac García, el ex gobernador Jaime Bonilla, o Félix Salgado Macedonio. O qué decir de presidentes municipales que amenazan sin recato, tiran la piedra y esconden la mano.
Quien debe procurar justicia es el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien se ha convertido en el funcionario más poderoso de la 4T. Goza de toda la confianza del presidente. En el papel es autónomo, pero desde Palacio Nacional se dice qué debe hacer.
Está más entretenido en ganar un pleito de familia y que se quede en la cárcel quien fuera la esposa de su hermano. Por lo menos eso se escucha en los audios que se filtraron a la prensa. La pregunta es: ¿este es el ejemplo que deben seguir las fiscalías de los estados donde abiertamente son puestos los procuradores por el gobernador?
Por cierto, el equipo de comunicación social que encabeza Jesús Ramírez Cuevas lo integran puros inútiles y no queriendo le meten el pie al presidente. Cuando este quiere lamentar el asesinato del comunicador, no son ni para pasarle una tarjeta con el nombre del periodista.
Tuvo que ser el periodista Rodolfo Montes quien lo nombrara: “Armando Linares se llamaba el compañero de Michoacán, y precisamente el gremio periodístico de Michoacán les pide a los servidores públicos que se ahorren sus condolencias”, para después seguir con la indignación que esto causa y que debe ser visto como una emergencia.
Armando Linares López, director del portal Monitor Michoacano, fue asesinado a balazos en su domicilio, ubicado en la cabecera municipal de Zitácuaro, Michoacán. El comunicador se suma a la lista de nueve compañeros ultimados. En los datos oficiales son ocho, ya que no se cuenta a la conductora Michelle Simón; ella también es una víctima más.
Ante dicho panorama, países como Estados Unidos se han pronunciado al respecto. Incluso en días pasados, el embajador Ken Salazar mantuvo una reunión con periodistas que se encuentran en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Los pronunciamientos son internacionales, como el lanzado en la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se realizó en Ginebra. Michelle Bachelet lamentó que los reporteros que trabajan sobre política local, corrupción y crimen enfrenten mayores riesgos de ataque. «Alarmante» situación que viven quienes trabajan para los medios en territorio mexicano. También habrá carta para Bachelet… Pero mejor ahí la dejamos.
Entre Palabras
Jaime Rodríguez “El Bronco” ya está en prisión. En Michoacán también hace aire. ¿Por dónde andará Silvano?
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Hasta la próxima.