Hace una semana, la Organización Mundial de la Salud decretó que la pandemia por SARS-CoV-2 había llegado a su fin. Fueron más de tres años en que las sociedades del mundo cambiaron y el virus terminó por desnudar la actuación de los gobiernos y sus sistemas de salud.
Aquí ya sabemos cómo nos fue, con un mal manejo y en transición desordenada del Seguro Popular al INSABI, el cual sólo atendió a 34.9 millones de pacientes y que terminó enterrado. Es uno de los fracasos más grandes de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Oficialmente murieron 333 mil 913 personas, pero se infiere que son muchas más.
Algún día sabremos la verdad de cuántos perdieron la vida y no habrá manera de ocultarlo. También espero que la justicia alcance a esos funcionarios que tienen responsabilidad en la forma de enfrentar la pandemia. Por ahora, siguen protegidos por el régimen de López Obrador. Ahí quedan el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario, Hugo López-Gatell, al que le falló toda estrategia. Eso sí, los aplaudidores decían que se iba a despachar a la OMS y resultó, como el aplauso a Rocío Nahle por miembros de la OPEP, que no era para ella, pero así se las gastan estos de la 4T.
La pandemia ya terminó y aquellas promesas de que México tendría su propia vacuna y que anunciaron en la mañanera, nunca se concretó. En ese tema también hay mucho que explicar: ¿Qué pasó con la vacuna Patria que prometió López Obrador hace dos años? ¿Cuánto costaron las investigaciones? Todavía no hay respuestas. Aunque parece una mala broma, María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, dijo que para diciembre de este 2023 habrá vacuna.
El desprecio por el conocimiento es evidente, pero seamos realistas que no se puede esperar mucho si el presidente optó por incondicionales antes que especialistas. Como ejemplo, tenemos a Delfina Gómez y Leticia Ramírez, que, a pesar de tener el perfil, la realidad se impone. Otros que sí tienen cartas credenciales sucumbieron, se arrodillaron ante López Obrador y perdieron su reputación como López-Gatell, que avaló aquello de la “fuerza moral y no de contagio” del presidente. Elena Álvarez-Buylla sacrificó al Conacyt.
México es uno de los países de la OCDE que menos invierte en ciencia y tecnología. Si destinar el 1% de PIB a ese rubro era poco y calamidades como la pandemia pueden ser un buen contraste del para qué sirve, con la reforma para crear en Conahcyt ya no será obligatorio.
Se han ido la ciencia libre, las becas, la realización de investigaciones que suman al desarrollo. En su lugar buscan implantar la ideología sectaria de Morena, los intereses y caprichos del poder. Esa será la nueva línea, que en su consejo tendrá hasta a militares.
Claro que ya hay advertencias de la comunidad científica del retroceso que se viene, pero habrá resistencia como en otros casos y la esperanza es que la SCJN tire la iniciativa como lo hicieron con el Plan B, porque los legisladores que no leyeron las iniciativas, las aprobaron sin discusión, a hurtadillas, como en los mejores tiempos del PRI, al albazo.
Álvarez-Buylla puede estar contenta por darle gusto al presidente, ella puede ser considerada la sepulturera del Conacyt, la que ha marginado a los científicos de la toma de decisiones, cuando son ellos los que saben.
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En pleno ocaso del sexenio del “humanismo tropical” queda de manifiesto el fracaso en la educación y sus libros de texto, sus secretarias, el zar anti Covid-19 que respaldó la política del “detente”, la enterradora del Conacyt. Cambiaron el conocimiento por los aluxes, que pinta al gobierno de cuerpo entero… pero mejor ahí la dejamos.
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Hasta la próxima.