Otro juez federal, ahora Rodrigo de la Peza López Figueroa, otorgó 11 nuevas suspensiones definitivas contra la reforma a la industria eléctrica del gobierno que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para este martes los ampatos contra la nueva ley suman 29 y no se descarta que lleguen a 50.
Y, sumado a esto, las impugnaciones que el titular del Ejecutivo presentó contra las suspensiones provisionales a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fueron declaradas sin materia.
Ello, debido a que el juez Gómez Fierro ya había resuelto los incidentes y concedió las primeras suspensiones definitivas.
Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, concedió esos amparos a diferentes empresas.
se espera que, una vez procesadas todas las suspensiones provisionales, se podrían acumular más de 50 medidas cautelares
Se espera que, una vez procesadas todas las suspensiones provisionales, se podrían acumular más de 50 medidas cautelares
De la Peza se sumó así al juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, que este mismo martes sumó seis nuevas suspensiones definitivas a las que ya había concedido desde el viernes pasado.
Además de las 29 definitivas otorgadas hasta ahora, se espera que, una vez procesadas todas las suspensiones provisionales, se podrían acumular más de 50 medidas cautelares indefinidas a docenas de compañías que interpusieron demandas de amparo.
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Con las suspensiones conseguidas por distintas empresas, los efectos de la reforma a la industria eléctrica no podrán surtir efecto hasta que se resuelva el juicio de amparo, lo cual podría tardar meses e incluso años.
Todas las suspensiones han tenido carácter general, es decir, no sólo aplican a la empresa que interpuso una demanda de amparo, sino a todo el mercado eléctrico mexicano, debido a que, de otra manera, estaría favoreciendo a unas compañías sobre otras, provocando precisamente lo que se busca evitar: ventajas competitivas.