Las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, las más grandes que se han organizado en México, fueron también las más caras del mundo. Costaron a los mexicanos alrededor de 20 mil millones de pesos con lo que se pagó una votación que fue criticada por ser abiertamente parcial y poco democrática.
El presidente López Obrador, acusó, una vez más, que el Instituto Nacional Electoral (INE) estuvo al servicio de la “oposición conservadora”, la misma que durante décadas se ha beneficiado de los fraudes electorales –todos debidamente documentados- que se han perpetrado de manera sistemática, incluido el de 2006, cuando se impuso a Felipe Calderón en la presidencia de México.
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Esta es la razón por la cual López Obrador se ha pronunciado por una reforma electoral, que termine con los altos costos de las elecciones -tanto de la organización de las votaciones como de los sueldos de los funcionarios del Instituto- y con el contubernio que ha mantenido con la oposición.
Desde luego, dicha reforma no se dará antes del referéndum de abril sobre la revocación de mandato, para decidir si desean que López Obrador continúe en el cargo o se vaya con más de dos años de anticipación. Ni siquiera es probable que esté lista para las elecciones de junio próximo.
En este contexto, queda claro que Obrador está pensando en que las elecciones presidenciales de 2024 se lleven a cabo bajo nuevas reglas, una vez aprobada su reforma electoral -que junto con la reforma eléctrica y la que busca dar certeza operativa y administrativa a la Guardia Nacional– es el gran reto (y pendiente) que tiene su administración para consolidar la Cuarta Transformación.
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Estas son las propuestas esenciales de la reforma electoral:
