Se veía venir. Con 230 votos en favor y 22 en contra, la Cámara de Diputados avaló retirar el fuero y proceder penalmente en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por su probable responsabilidad en los ilícitos de presunto ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara, Marcela Guerra, instruyó a notificar al Congreso del estado de Morelos “para que proceda como corresponda, para el solo efecto que se ponga a disposición del Ministerio Público Federal al imputado”, por lo que el Poder Legislativo del estado no podría abordar, como argumentó el imputado, su caso.
230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones. La Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: Ha lugar a proceder penalmente en contra del ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos.
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 13, 2023
La Cámara De Diputados se erigió hoy en Jurado de Procedencia para analizar el dictamen que declara procedente el desafuero del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona.
Al inicio del procedimiento, el pleno escuchó las acusaciones y al defensor del imputado, el abogado Gabriel Alejandro Regino, quien aseguró la inocencia del fiscal, acusó que su defendido nunca fue citado a ejercer su derecho de audiencia y alertó que detrás de este caso está el uso político de las instituciones.
“Hoy lo que está en debate no solo está la dignidad o inocencia de un servidor público, sino la democracia”, pues lo que se perfila es que haya “fiscalías hincadas ante el poder político”, dijo.
También en la tribuna, Juan Gabriel Morales Fernández, agente del Ministerio Público de la Federación, expuso las acusaciones contra Carmona Gándara y sostuvo que éste fue nombrado fiscal de estado de Morelos sin haber cumplido los requisitos de ley, pues “no cubría con la evaluación de control de confianza vigente al momento de protestar el cargo”.
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Pidió se votara por retirar el fuero para que la fiscalía este en posibilidad de ejercer la acción penal en contra del imputado, y señaló que otras imputaciones son haber nombrado a diversos servidores públicos sin que dichas personas hayan cubierto el procedimiento normativo, como lo es la evaluación de confianza.