En Oaxaca, sólo siete clínicas realizan abortos, a pesar que desde hace cuatros está despenalizado; no se puede practicar en la mayoría de los hospitales y clínicas, diseminadas en los 570 municipios, porque no hay presupuesto para capacitar al personal médico y equipar las unidades clínicas, informó la Secretaría de Salud (SSO).
La titular de la dependencia, Alma Lilia Velasco Hernández, aceptó que los fondos destinados por parte de la federación al programa para realizar abortos fueron cancelados; resaltó que, en este ejercicio fiscal, la federación, en el rubro de salud, le recortó a Oaxaca más de 2 mil millones de pesos.
«Es cierto que tenemos dificultades para aplicar el programa de aborto institucional, porque no hay los fondos suficientes para llevar a cabo; la última vez que se aplicaron recursos para este plan fue en 2022, cuando se aplicó un millón de pesos, pero para este ejercicio del 2023 no se autorizaron recursos y ello ha causado que se tenga que pedir apoyo de asociaciones particulares y no gubernamentales para atender las necesidades”, resaltó Velasco Hernández.
Aceptó que una vez que la Cámara de Diputados aprobó la despenalización y legalización del aborto, se comenzó a trabajar en el acondicionamiento de la infraestructura medica en 3 de las 6 jurisdicciones, donde se atiende de forma «despacio» las solicitudes, en los hospitales de Pinotepa Nacional en la zona de la Costa, en San Pedro Tapanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, y en Valle Centrales en el hospital Civil y en 3 unidades médicas de mediana atención.
Precisó que, para atender un aborto, se debe a cubrir cierta normatividad y quien lo practica es personal previamente capacitado.
Según la secretaria de Salud, Oaxaca registra anualmente un promedio de 2 mil 300 abortos clandestinos, aunque se estima que por cada aborto registrado existen cuatro que no lo están, lo que equivale a una cifra aproximada de 9 mil 200 clandestinos.
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La interrupción legal del embarazo en Oaxaca hasta las 12 semanas se convirtió en Ley en 2019, sin embargo, y sólo siete clínicas de los 570 municipios que tiene el estado lo practican, por lo que colectivos feministas demandaron de urgente la institucionalización que incluya insumos, presupuesto y un servicio digno a las mujeres para que ejerzan este derecho.