En Oaxaca, un juez de distrito concedió un amparo, a favor de un grupo de ecologistas y organizaciones antieólicos que se oponen a la operación y construcción de parque eólico en la zona del Istmo de Tehuantepec del grupo de inversionistas Electricité de France, lo que frena una inversión de 6 mil millones de pesos.
El grupo opositor liderado por la activista Bettina Cruz, representante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, en su alegato ante la juzgadora, advierte que el el proyecto se realizó y jamas respetó el derecho de consulta ciudadana, al que debe estar sujeto este tipo de modelo de negocios de acuerdo con la ley federal.
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“Nosotros no hemos dado nuestra autorización, de parte de los dueños y comuneros de la tierra, ellos celebraron asambleas amañadas, que no reunieron el consenso total de la gente”.
Detalló que la construcción del parque eólico, denominado “Gunaa Sicaru”, que lleva más de un año en proceso, no podrá continuar, hasta que no se resuelvan las sentencias en los juzgados.
La empresa Electricité de France obtuvo los permisos para la construcción de Gunaa Sicarú desde 2016, y en diciembre de 2020, se anunció el inició de su construcción, pero hoy quedó suspendida.
En el Istmo de Tehuantepec, hay instalados 29 parques eólicos y más 3 mil aerogeneradores que producen alrededor de 3 mil Mega Watts por hora.
Tan solo en Juchitán de Zaragoza hay en operación 15 parques eólicos instalados, ninguno de ellos tiene el permiso de una asamblea, porque hace más de 50 años la comunidad agraria de Juchitán y sus anexos no cuentan autoridad agraria.
Contexto del proyecto de parque eólico Gunaa Sicarú
El proyecto del parque eólico Gunaa Sicarú emprendido por el grupo empresarial francés Électricité de France (EDF) en la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo en Oaxaca ha sido acusado en varias ocasiones de no atender los estándares internacionales de derechos humanos relacionados con el derecho a la consulta indígena libre, previa, informada y culturalmente adecuada.
Desde 2015, la empresa EDF comenzó diversas acciones para el emprendimiento del proyecto eólico, incluida la firma de contratos, una evaluación de impacto social elaborada por la empresa y la celebración de acuerdos y permisos con autoridades de gobierno.
La comunidad indígena de Unión Hidalgo ha manifestado que el proceso debía consultarse de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y de los pueblos indígenas y ha utilizado distintos recursos para defender sus derechos, incluidos amparos y el uso del Punto Nacional de Contacto en Francia.
Una resolución judicial de mayo de 2018 ordenó la suspensión del proyecto al encontrar que no se realizó la consulta de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. La consulta posterior realizada en 2019 ha sido señalada por la comunidad de ser ilegítima e imparcial. La respuesta de la empresa se encuentra disponible.