En Oaxaca, el pleno de la Cámara de Diputados local, con mayoría de Morena, aprobó reformas al Código penal para castigar con 15 años de cárcel sin derecho a fianza a quien promueve el matrimonio infantil forzado, principalmente, entre niñas y mujeres indígenas.
En la adecuación, propuesta por las comisiones unidas de Equidad de Género, Derecho Humanos y Administración de Justicia, los legisladores promovieron y acordaron una reforma integral al segundo párrafo al Artículo 28 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Oaxaca.
La reforma se aprobó con 38 de los 42 votos, y estipula aumentar la sanción, hasta 15 años de prisión sin derecho a fianza, a quien obligue a contraer matrimonio a una persona menor de edad, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia.
La ley contempla sanciones también a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella, o se realice con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares aun cuando se haya obtenido el consentimiento de la persona menor de edad.
Las diputadas proponentes de la reforma, entre ellas Elisa Zepeda Lagunas, consideraron como un avance en materia legal para Oaxaca, que pondrá fin a la impunidad que existía en la materia, más aún hasta hace 6 meses Oaxaca ocupaba el tercer lugar a nivel nacional en matrimonio infantil con el 39.17 por ciento, después de Chiapas, que tiene el 44.82 por ciento y Guerrero que registra 42.41 por ciento.
“Ahora con la ley, vigente que entrará en vigor este 1 de octubre, quedará prohibido el matrimonio infantil, y quien lo promueva, se trate de los familiares de la víctima, ahora pagaran con cárcel”.
En tanto la diputada Aurora López dijo que al terminar con el matrimonio infantil se asegura el destierro de esta práctica nociva que perjudicaba la vida de las niñas, y las mujeres y lastimaba el desarrollo de los pueblos y comunidades de Oaxaca.
Aceptó que aún ante organismo de derechos humanos, hay 300 expedientes en proceso denunciados y documentados donde se reportan en zonas rurales, los matrimonios forzados por ignorancia y situaciones de marginación y pobreza de muchas familias indígenas que se vieron obligadas a vender a sus hijas por un dote dinero o a cambio de ganado o gallinas o casos de mujeres que fueron abusadas sexualmente y después de este hecho fueron obligadas a parir y casarse con sus violadores.