Desde que se creó el estado de Hidalgo, en 1869, han desfilado por la entidad 33 gobernadores constitucionales. A partir de 1929 fue gobernado por el Partido Nacional Revolucionario (PNR), luego por el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que fue fundado por Lázaro Cárdenas en 1938, y a partir de 1951 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para efectos de rigor histórico, desde 1929 Hidalgo ha vivido dos alternancias políticas. Para efectos prácticos, este año se cumplieron 93 años de una sola forma de hacer política: la del PRI, la misma que ya se veía en sus dos antecesores.
Casi un siglo de problemas históricos que el estado ha venido arrastrando sin que se vea una pronta solución: pobreza, desempleo e inseguridad han sido el talón de Aquiles para los últimos gobernadores. La sociedad está cansada de tantas promesas vacías.
No por nada, diferentes encuestas indican que, en el próximo proceso electoral del 5 de junio, los hidalguenses elegirán otra fuerza política para que los gobierne.
El priismo hidalguense ha tenido episodios oscuros, algunos que no quisieran ni recodar. Es el caso de Manuel Sánchez Vite, a quien se le hizo fácil saltarse al entonces presidente Luis Echeverría e imponer a su sucesor; el resultado: la desaparición de los poderes en la entidad. Error político garrafal por abusar de la confianza.
Otoniel Miranda, sucesor elegido por Sánchez Vite, sólo gobernó 28 días después de haber asumido el cargo (del 1 al 29 de abril de 1975). Tras ser acusado de represor, el Senado decretó la desaparición de poderes y fue destituido; en su lugar nombraron como gobernador provisional al senador Raúl Lozano Ramírez.
En tiempos más recientes, las cosas no cambiaron para bien. Durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, dos exgobernadores hidalguenses fueron puestos en el ojo del huracán por actos de profunda violencia.
El primero fue Jesús Murillo Karam, gobernador de Hidalgo entre 1993-1998, quien fue Procurador General de la República. Fue el encargado de presentar la “verdad histórica”, ya desmontada, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El segundo es Miguel Ángel Osorio Chong, gobernador entre 2005 y 2011, quien fue titular de la Secretaría de Gobernación. Tras el desalojo fallido en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó ocho muertos y 198 heridos, ha sido llamado por la Fiscalía General de la República para declarar sobre este hecho violento contra el magisterio oaxaqueño.
Con respecto al actual gobernador hidalguense, Omar Fayad Meneses, diferentes sucesos marcarán su mandato.
El 18 de enero de 2019, el robo de combustible, mejor conocido como huachicoleo, originó una tragedia: se registró la explosión de un oleoducto de Pemex en Tlahuelilpan, donde la cifra de muertos ascendió a 137.
En septiembre de 2021, debido a las lluvias torrenciales, se inundó el Hospital General de Zona 5 en Tula. La falta de energía eléctrica provocó la muerte de 17 personas con Covid y que dependían de un sistema eléctrico de oxigenación. Negligencia.
El 1 de diciembre de 2021, un comando armado liberó a nueve reos del Cereso de Tula. Entre los reos estaba José Antonio Maldonado Mejía, alias “El Michoacano”, líder del grupo criminal Pueblos Unidos, quien es acusado de huachicoleo.
Otro hecho que empañará la administración de Fayad se registró apenas el pasado 27 de abril: un enfrentamiento entre dos grupos, en la planta Tula de la Cooperativa de Cruz Azul; el saldo: ocho muertos, 11 heridos y nueve detenidos.
Huachicoleo y pobreza
Tras la tragedia en Tlahuelilpan, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementó un Plan contra el huachicoleo; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, de acuerdo con las estadísticas, Hidalgo ocupa los primeros lugares en el robo de combustible.
Quien salga como gobernador electo -las encuestas señalan como posible triunfador al candidato de Juntos Hacemos Historia (Morena, Nueva Alianza y PT), Julio Menchaca-, tendrá que combatir con firmeza el huachicoleo.
De acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), en 17 municipios hidalguenses se concentra el 43.42 por ciento de las tomas clandestinas.
Durante 2021, sólo en Hidalgo, fueron identificadas cuatro mil 461 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo, 527 menos que en 2020. Los tres municipios con más tomas son: Cuautepec de Hinojosa (938), Atotonilco de Tula (530) y Ajacuba (396).
Otra gran problemática en la entidad es que el 50.8 por ciento de la población vive en situación de pobreza, mientras que el 8.1 por ciento en pobreza extrema, de acuerdo con la Medición de la Pobreza 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Destaca que las carencias sociales que más enfrentan los hidalguenses son rezago educativo (18.9 %), acceso a los servicios de salud (26.9 %), seguridad social (66.6 %), servicios básicos en la vivienda (20.5 %) y alimentación (28.5 %).
También lee: Quintana Roo quiere otra opción política
Ante este panorama, los hidalguenses elegirán a su gobernador número 34. Las opciones son cuatro: Julio Menchaca, quien lidera todas las encuestas; Carolina Viggiano, candidata de la alianza Va por Hidalgo, conformada por PRI, PAN y PRD; Francisco Xavier Berganza, quien ya había contendido por la gubernatura con la bandera blanquiazul; y José Luis Lima Morales, del Verde Ecologista de México.