El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó este martes como improcedente la multa que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León.
La Sala Superior del órgano colegiado negó que las acusaciones señaladas por el INE tuvieran sustento legal. Ello, porque el instituto aseguró de que tanto el Movimiento Ciudadano como el candidato Sepúlveda incurrieron en un problema de fiscalización por gastos de campaña.
De acuerdo con el INE, existe una irregularidad fiscal en la campaña de MC rumbo a la gubernatura de Nuevo León por unas supuestas aportaciones en especie de persona física con actividad empresarial. Esto porque Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, participó en diferentes actos junto a su esposo.
La lógica de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE explica que Rodríguez Cantú, al ser una influencer reconocida con una capacidad de audiencia amplia, realizó actos oficiales de campaña al acompañar a su esposo
Bajo esta argumentación, el instituto determinó multar con 55.4 millones de pesos a MC y Samuel García, pues se advirtió una irregularidad fiscal en la campaña gubernamental de la entidad que terminó ganando el mismo García Sepúlveda.
El proyecto de sentencia presentado por el magistrado Indalfer Infante Gonzales, que fue suscrito por la Sala Superior del Tribunal Electoral, explicó que el vínculo matrimonial entre Rodríguez y García implica, intrínsecamente, un convenio de mutua ayuda en el que el intercambio comercial no es requerido.
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Asimismo, se abundó que la prestación de un servicio profesional de ayuda al cónyuge no debería de ser cobrado. En este caso, la profesión de Mariana Rodríguez es comunicar diversos contenidos en redes sociales, por lo que utilizar sus redes sociales para promover la imagen de su esposo y/o participar en spots de Movimiento Ciudadano no debería de ser fiscalizable como gasto de campaña.
Aunado a esto, el establecer un castigo contra MC o el candidato por el ejercicio de Mariana Rodríguez a su libre expresión sobre algún tema electoral, violenta las garantías individuales de Rodríguez Cantú.