Corrupción, ineptitud y complicidad. Estas tres palabras definen con mucha claridad lo que sucede en Durango, un estado que sigue bajo el control de las élites políticas del PRI y del PAN. Se trata de la bien llamada “mafia del poder”, que se niega a aceptar que las prácticas del viejo régimen ya no tienen cabida en el nuevo proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador.
Anclado políticamente al pasado, Durango fue gobernado durante 86 años por el PRI, hasta septiembre de 2016, año en que el PAN ganó la gubernatura de la mano de José Rosas Aispuro Torres.
Se trató de una alternancia simulada. Fue el pacto cómplice del PRIAN para aferrarse al poder y así continuar con el histórico saqueo del que han sido víctima los duranguenses. Más de lo mismo.
Hace seis años, Aispuro Torres, quien en su origen perteneció al PRI, ganó la gubernatura con la alianza PAN-PRD, tras derrotar al priista Esteban Villegas Villarreal. Ahora, el mismo Villegas volverá a competir por la gubernatura del estado, pero esta vez lo hará con el respaldo de la alianza “Va por Durango”, representada por el PRI, PAN y lo que queda del PRD.
Es decir, quien supuestamente fue el candidato opositor en 2016, ahora es el elegido por el poder para ser el sucesor. Esa élite política y empresarial, que pone y quita candidatos, hará todo para impedir que a Durango llegue un gobierno progresista y honesto, pues eso significaría el fin de sus privilegios y corruptelas. En otras palabras, todos unidos contra Morena y contra el interés del pueblo.
Muestra de la complicidad con la que actúa el PRIAN, es el mapa político de la entidad, que está dividido prácticamente en dos colores. De sus 39 municipios, el PRI gobierna 16 y el PAN, 15. Juntos, han llevado a una profunda crisis a Durango, la entidad del norte con menos crecimiento económico. Sin principios ni ética, confirman lo que desde años López Obrador había asegurado: son parte de la misma mafia y de las mismas trampas.
Desempleo y pobreza
Hasta ahora, el resultado es una entidad mal gobernada, sin rumbo, que enfrenta tres problemas fundamentales:
Un campo olvidado que lucha día a día con la sequía (el año pasado, 36 de los 39 municipios padecieron sequía extrema); obras de infraestructura que, además de costosas, han resultado de poca utilidad para la población (es el caso de la autopista Durango-Mazatlán, que sigue presentando fallas y deficiencias en todo el trayecto, mientras su peaje es de 668 pesos, uno de los más caros del mundo); y corrupción.
En este último punto la entidad es un desastre. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI de 2019, que es la última disponible, Durango es el estado más corrupto del país con una tasa de 25,389 víctimas por cada 100 mil habitantes. En 2015, un año antes de que Aispuro Torres llegara al poder, ocupaba el octavo lugar.
En el tema de la pobreza, Aispuro Torres también entrega malos números. Según las Estimaciones de pobreza multidimensional, que publicó el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2018 a 2020 la población en situación de pobreza extrema se duplicó, al pasar de 38.5 mil personas a 79.6 mil; es decir, 41 mil duranguenses más.
En esta política anquilosada y conservadora que aún se práctica en Durango, hay una problemática que no se puede soslayar: la falta de un gobierno con perspectiva de género. De 2019 a 2021, se documentaron 31 asesinatos de mujeres, sin que existan eficientes políticas públicas que contribuyan a combatir los feminicidios en la entidad.
En nueve décadas no han logrado hacer de Durango un estado progresista, democrático y justo. Al contrario, ha predominado una visión conservadora y elitista, en donde las cinco regiones de la entidad se desarrollan de manera desigual. Hablamos de un estado estancado, sin crecimiento, que camina del lado contrario a los programas sociales que impulsa la Cuarta Transformación.
Las próximas elecciones ofrecen la oportunidad para cambiar esta realidad. De terminar de una vez por todas con la simulación del PRIAN y elegir un cambio verdadero con un gobierno honesto y eficaz, y, sobre todo, humanista, con políticas sociales que trabajen a favor de quienes menos tienen.
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Son tres los candidatos que competirán en las próximas elecciones: Marina Vitela, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PVEM y Redes Sociales Progresistas); Esteban Villegas Villarreal de la coalición Va por Durango (PAN, PRI y PRD); y Patricia Flores Elizondo por Movimiento Ciudadano.