El coordinador nacional de Contralores y titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, mencionó que se reunieron con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para coordinar y definir estrategias conjuntas para robustecer el combate contra la corrupción.
En la reunión, la Comisión Permanente de Contralores y los representantes de las Naciones Unidad, suscribieron incentivar la cooperación entre actores clave con motivo de la implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México.
Dicho programa está basado en el mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción a nivel global, y busca la coordinación y cooperación institucional a nivel nacional.
Podría interesarte: Roban ahora 10 mil dosis de vacunas contra inuenza A y B
Por el delito de sustracción de menores, Fiscalía General logró
En este tenor, José Ángel Díaz Navarro agradeció el aporte del organismo internacional y destacó la relevancia de estos encuentros de trabajo para el fortalecimiento de objetivos comunes.
Recordó que la Comisión de Contralores tiene como objetivo principal desarrollar estrategias y proyectos conjuntos para fortalecer el control interno, la prevención de la corrupción y el impulso de la transparencia en la gestión pública.
Cabe mencionar que el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México, busca fortalecer los procesos de cooperación internacional en investigación, asistencia judicial, entre otros, y dentro de sus principios de actuación promueve la colaboración constructiva entre gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y academia.
Asimismo, fomenta el intercambio de buenas prácticas entre entidades federativas y organismos regionales e internacionales en materia de prevención y combate a la corrupción, es decir, persigue un trabajo integral bajo diversas perspectivas.
Finalmente, Díaz Navarro señaló que el objetivo es apoyar a las entidades federativas a fortalecer la operación, los programas y el marco normativo en materia anticorrupción, a través de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el orden estatal.