En 2021, cuando finalmente se aprobó el presupuesto 2022, los legisladores de oposición metieron mil 29 reservas. “Es un récord”, dijo Obrador. “En los tres años de Carstens se aprobó por unanimidad, sin reserva. Claro, ahí empezaron a repartir moches, a todos les daban”. Tal sistema parte de una ilegalidad, porque los legisladores no están capacitados para manejar ningún tipo de presupuesto.
En 2020, AMLO ya había descrito el sistema, en que cada integrante de la Cámara baja recibía una cantidad que debía repartir en el distrito que representaba, quedándose con un porcentaje por bajar el recurso; o en su defecto, recomendando a cierta empresa para realizar la obra pública, pudiendo realizar dicho esquema ya sea en su distrito o con otros alcaldes o presidentes municipales en la República.
En particular, esos subsidios a entidades federativas y municipios se mantuvieron de 2010 a 2018 por medio del Ramo 23, misma provisión que se eliminó del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) desde 2019. Ese fue el primer año en que la bolsa del Ramo 23 no se asignó al financiamiento de obra pública; se reorientó al pago de tarifas de energía eléctrica.
El otro inconveniente era que, en la mayoría de los casos, esa obra pública quedaba inconclusa, con hospitales hoy abandonados y caminos deteriorados. Una infraestructura deficiente que favorecía los negocios y las prebendas de los gobernantes; asignaciones que también servían para afianzar al partido del presidente en turno. A Calderón le sirvió para patrocinar su “sociedad civil”.
Centralizar el presupuesto
El Artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), dentro del Ramo 23, explica el cambio actual: “Centralizar los recursos que deba percibir el Gobierno Federal en la Tesorería y realizar directamente los pagos a los beneficiarios finales a fin de evitar la existencia de recursos ociosos, reducir cuentas bancarias y los costos por los servicios financieros de las mismas”.
En resumen, es lo que ha propuesto el presidente en varios libros suyos, incluido su Proyecto Alternativo de Nación, en que se termina con burocracias inútiles que al final sólo acaparaban los presupuestos para pagar sus onerosos salarios y al beneficiario final le quedaba poco. La eliminación de la partida de los moches es similar, pues era una “caja negra” cuya utilización era totalmente discrecional.
Para la derecha, dirigir el presupuesto hacia la ciudadanía, que de hecho es una de las labores que un Estado de economía mixta-keynesiana está obligado a realizar, es una aberración. Es quitarles potestad de una suerte de micro gobierno que llegaban a ejercer en las 32 entidades federativas, que además servía al presidente en turno para coaccionar a los Estados y lograr una supuesta “gobernabilidad”.
El articulista de la revista Nexos, Gilberto Sánchez Pantoja, en su texto Infraestructura (03/03/2020), menciona que la disminución de los recursos del Ramo 23 que se transferían a los estados para infraestructura, “han propiciado la caída en el valor de la obra contratada por el sector público en los estados”, a pesar del incremento del presupuesto en ese año, de más de 80 mil millones de pesos.
Tal es la lógica de los analistas de derecha, que atacan ese recorte al “gasto federalizado”, que la presente administración centralizó y encausó a sus proyectos emblema. En el fondo es una defensa al sistema de corrupción de moches, en que los funcionarios podían ejercer presupuestos para realizar obra pública con la que maniataban y condicionaban el voto de los ciudadanos en dichas entidades.
Criticar la centralización del presupuesto y la abolición del sistema de moches resulta en una forma de la derecha de condenar los programas sociales y las obras de infraestructura del sexenio, como son la Refinería Olmeca, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, las cuales forman parte de un proyecto que goza de mandato ciudadano, apoyado por más de 30 millones de votos.
Presupuesto reorientado
Los partidos de oposición al oficialismo tienen muchas razones para extrañar la desaparición de ese esquema de corrupción. Similar al de los fideicomisos, con los que los panistas y priistas delegaban en manos de particulares las labores a las que un Estado está obligado, los moches hacían posible el sistema de gobernabilidad federalista y la aceptación de las propuestas del Ejecutivo.
Desde 2018, Pemex, CFE, IMSS y Sedena son responsables de ejecutar el 69 % de las obras de infraestructura pública y eso ya responde al plan de gobierno de la presente administración, en que se busca que estados del sureste del país, que durante años tuvieron déficit de crecimiento económico, puedan desarrollarse y no sirvan sólo para entregar sus recursos a los estados industrializados del norte.
Con respecto a los otros rubros del Ramo 23, Obrador ha dicho que no hay límite de gasto para aspectos “relacionados con el bienestar del pueblo”. Es el caso de daños ocasionados por algún fenómeno natural, ya que el ataque de la derecha a la reducción de los recursos del FONDEN (Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales) ha sido una constante contra Obrador.
En el fondo, resulta en un ataque a la reactivación del Estado como un ente efectivo en todas las esferas del desarrollo nacional. Las anteriores administraciones habían dado un papel protagónico a la iniciativa privada y el sistema de moches servía para habilitar una particular, que se relacionaba con los propios negocios de los políticos, así numerosos políticos obtuvieron múltiples franquicias.
El Ramo 23 no ha desaparecido, sólo que, en palabras del exdirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, “ya no se realiza la práctica del moche”. En opinión del también historiador, el Ramo 23 ocasionó que estados y municipios se olvidaran de obtener sus propios ingresos, pues estaban en espera de recibir el dinero de la Federación, lo que impactaba en la recaudación de las entidades.
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Partidas secretas, sinónimo de corrupción Según un reporte de México Evalúa de 2018, las transferencias de recursos han favorecido a gobernadores pertenecientes al mismo partido del gobierno en turno, en particular durante el año previo a la elección presidencial. Así, los gobiernos panistas y priistas anteriores, han utilizado los recursos de la partida de los moches para favorecer su situación en las entidades que gobiernan. El 11 de marzo de 2021, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad que no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Duran[1]te décadas, dicha partida favoreció gastos propios de la corrupción, que era de hecho un elemento de gobernabilidad en el sistema político anterior al obradorismo. Esa bolsa oculta no hacía más que generar un incremento sustancial en el gasto presupuestado o, en su defecto, originaba erogaciones no previstas que, por su opacidad, eran sinónimo de corrupción. Peña Nieto, por ejemplo, erogó miles de millones de pesos para “gastos de seguridad nacional”, recursos etiquetados bajo una partida “de extrema confidencialidad”. En total, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que 40 mil millones de pesos fueron destina[1]dos entre 2013 y 2018 para financiar supuestas misiones en contra de los cárteles de la droga. Esto es tan sólo una muestra de lo lesivo de esos presupuestos ocultos y el uso discrecional que se efectuaba, además de lo importante que es el manejo cada vez más transparente de los recursos.
Modalidades del Ramo 23:
1.-Aportaciones a fondos de estabilización con recursos asociados a ingresos petroleros.
2.-Actividades para la prevención y atención de desastres naturales.
3.-Funciones Específicas (salarios).
4.-Subsidios a entidades federativas y municipios