La noche del jueves 11 de noviembre, Guadalupe, habitante del municipio Belisario Domínguez, en Chiapas, se fue a dormir temprano, tal y como hace todas las noches. Descansó bien, como siempre, y al día siguiente se dispuso a cocinar, como hace cada día. El viernes 12 era un día como cualquier otro, casi monótono, excepto por un pequeño detalle: ya no se encontraba en Chiapas, sino en Oaxaca. ¡Asombro!
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No es que se hubiera trasladado durante la noche al estado vecino. Más bien, la respuesta raya en lo kafkiano. Lo que sucedió es que, tras casi 10 años de una controversia legal –pero que se remonta a más de seis décadas de intensas disputas-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las 160 mil hectáreas de selva de la región de Los Chimalapas, donde se encuentra el municipio donde vive Guadalupe, corresponden realmente a Oaxaca y no a Chiapas.
Con diez votos a favor y uno en contra, los ministros de la Suprema Corte aprobaron la propuesta de precisar la delimitación geográfica entre ambos estados del sur del país, los cuales, en conjunto, tienen la mayor población indígena del país.
La solución llegó al menos en la parte legal, porque en lo social, el tema apenas comienza.
Desde la polémica resolución de los jueces, se recrudecieron las protestas y los jaloneos. Los habitantes chiapanecos que viven en esta frontera se han opuesto abiertamente al fallo y han dicho que lucharán “hasta donde tope” con tal de que el territorio sea reconocido como parte del estado de Chiapas.
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De hecho, ya se creó una guardia comunitaria y se declararon autónomos. En total, 16 comunidades se han armado para defender lo que consideran como sus tierras. Las advertencias son claras: “Llegaremos hasta donde tope”; “defenderemos lo nuestro a capa y espada”.
“Nosotros en el consenso de las comunidades hemos decidido que nos vamos a declarar un pueblo autónomo”, comentó Heriberto Cruz Ramírez, comisariado ejidal de General Rafael Cal y Mayor.
Por su parte, el presidente municipal de Cintalapa, Ernesto Cruz, se reunió en Tuxtla Gutiérrez con las 18 comunidades ejidales de la zona para explicarles a los ejidatarios que no perderán sus tierras. Fue un intento de calmar el enojo: “Nací chiapaneca y chiapaneca me voy a morir”, expresó una mujer. Y en medio del coraje y las rabietas, vino la confusión: “Pero yo nací en Chiapas, soy chiapaneco, no oaxaqueño ¿no?”.
Haciendo un recuento histórico, este conflicto inició el 23 de noviembre de 2011, cuando el Congreso chiapaneco decretó la creación del municipio Belisario Domínguez, que invadía la línea limítrofe de su territorio: está delimitado sobre 84 mil hectáreas en territorio oaxaqueño.
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“Conforme a lo expuesto, se concluye que existe una indebida configuración del municipio de Belisario Domínguez por parte del estado de Chiapas, dado que su proyección invade la línea limítrofe reconocida por esta Suprema Corte que debe regir entre este estado y el de Oaxaca”, se determinó en la resolución de la SCJN.
En ese entonces gobernaba Chiapas Juan Sabines Guerrero, sobrino del poeta Jaime Sabines. Sin embargo, fue hasta el año siguiente, el 19 de enero de 2012, cuando el gobierno de Oaxaca, a cargo de Gabino Cué Monteagudo, promovió la controversia constitucional contra el Decreto 008 de Chiapas, que establece la creación de otros cuatros municipios chiapanecos, entre ellos el de Belisario Domínguez.
La primera controversia fue desechada por el ministro instructor e impugnada con el recurso de reclamación. Posteriormente, la SCJN la envió al Senado para encontrar ahí una solución, pero la controversia se regresó a la Suprema Corte para que se resolviera ahí el asunto.
Nueva línea limítrofe
Un dato que resulta inverosímil es que el ministro ponente, Franco González Salas, para determinar la nueva demarcación, tomó como referencia los puntos limítrofes que rigieron desde 1549 a la Nueva España y la Capitanía de Guatemala, en la época de la Colonia.
Así, la “nueva delimitación” que regirá a ambas entidades partirá de sur a norte e iniciará en la Barra de Tonalá, que está a los 16 grados de latitud norte, en dirección noroeste hasta el Cerro del Chilillo; de ahí con dirección al noroeste hasta el Cerro de la Jineta y de ahí, con rumbo noreste, hasta el Cerro de los Martínez.
A partir de que sean notificados los Congresos de Oaxaca y Chiapas, tendrán un plazo de treinta meses para que realicen las modificaciones pertinentes a sus Constituciones y leyes respectivas a efecto de que incorporen los nuevos puntos limítrofes de la frontera.
Por lo tanto, a partir de esta resolución, la Suprema Corte ordena que Oaxaca y Chiapas tendrán que:
- Modificar los límites y marcos normativos entre ambas entidades.
- Solicitar el apoyo del INEGI para estos efectos.
- Acordar los mecanismos de coordinación entre ambas entidades con motivo de esta resolución y su ejecución.
- Dar prioridad a la subsistencia de resoluciones agrarias.
Un dato relevante es que, en el panorama sociodemográfico de Chiapas, del Censo y Población y Vivienda en 2020, Belisario Domínguez no aparece como municipio.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, quien fue el único que votó en contra, expresó:
“Me pregunto: ¿Esta corte debería ser indiferente al derecho humano sobre la autodeterminación de su identidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas, afectados sólo porque las autoridades de dos entidades federativas coinciden en que su frontera debe definirse con base en lo impuesto por el pasado colonial? Mi respuesta es negativa”.
Esta historia que parecía tener un fin, más bien apenas comienza. Nadie quiere ceder ni un metro y harán todo para defender su estado, sea cual sea este.