Erigida en Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados aprobó por 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que hay lugar a proceder penalmente en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de la LXIV Legislatura.
En la sesión semipresencial del Segundo Periodo Extraordinario, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, autorizó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las notificaciones correspondientes.
La petición de declaración de procedencia fue formulada por la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos.
Previamente, la diputada Sauri Riancho mencionó que el ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona no presentó incidente alguno de recusación.
Benjamín Saúl Huerta Corona no presentó incidente alguno de recusación
Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que la Ley que emana del Congreso de la Unión implica estricta observancia, por lo que su transgresión no debe quedar impune, principalmente cuando las víctimas son menores de edad, ya que se estarían vulnerando la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
Indicó que se presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona, toda vez que existen imputaciones de hechos declaradas por la Ley. Denunció que Huerta
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dijo, cuenta con dos carpetas de investigación que contienen datos de pruebas legales, sólidos, robustos y científicos que en su conjunto y en atención al principio de legalidad, permiten establecer que se cometieron hechos con apariencia de delito de abuso agraviado y violación equiparada
Pável Arenas Landgrave, abogado del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, afirmó que la acción presentada por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México carece de legitimidad, en virtud de que se violentó el debido proceso.